Juan Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, abordó esta mesa explicando que “la idea es analizar con una visión amplia un tema central, la ocupación de tierras, tanto cultivadas como reservas forestales, por lo que hablamos de unas 800 mil hectáreas de territorio, más la región de bosques nativos en parques que son unas 500 mil hectáreas, y bosques privados otras 400 mil hectáreas, aproximadamente; o sea que estamos cerca de 1.8 millón de hectáreas de bosques cultivados y nativos, un patrimonio altísimo, en parte concentrado y por eso más expuestos, pero muchísimos miles de propietarios forestadores con menores superficies, con menos riesgos porque viven en esas tierras”.
“En el caso de las empresas, estamos hablando de una actividad remota, gestionadas a distancia, con tareas programadas pero expuestas por momentos, y ahí cuenta mucho la seguridad jurídica sobre la tenencia de esa tierra, y ese mix potencia el riesgo de probabilidad de ocupaciones irregulares o intrusiones. AMAYADAP y AFOA plantearán el tema y el subjefe de la Policía de Misiones, Carlos Merlo, podrá conocer con más detalles el tema”.
En representación de la entidad foresto industrial de la zona norte de la provincia, Daniel Durán contó que la noche anterior observó un proceso de intrusión: “Fue en Colonia Delicia, a 300 metros de la ruta 12 cerca de una propiedad mía, y ya habían hecho fuego. Hablé con el dueño de la propiedad y me confirmó que ese mismo día, durante la mañana, los pudieron desalojar con la Policía pero como ya tuvo otro problema de intrusión una jueza de Eldorado le prohibió acercarse a su propiedad, y eso es muy grave. También habrán visto en estos días una intrusión que sufrió el ex intendente de Montecarlo, Ricardo Meili, en una propiedad, e imagino que la gente de Arauco tendrá muchos problemas y no sé cuál será la solución. En la actividad privada quizás tengamos que pensar en armarnos, no sé qué otra forma puede ser la solución. Tengo que hacer una tala rasa en un eucaliptal sobre la ruta 12 y no me animo porque si corto todo a los días me invaden, estamos indefensos, nadie nos apoya, es difícil sacar a los intrusos pero pido que alguien nos dé una mano, porque si no las inversiones no sé en qué quedarán. He visto intrusiones por todos lados, donde nunca hubo intrusión, no sé de donde aparecen ni cómo se enteran, y no sabemos qué hacer”.
Jaime Ledesma, titular del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM) explicó en su oportunidad que “este es un tema complejo, que tiene varias aristas, fui 10 años subsecretario de Tierras y me tocó lidiar con esta problemática, pero primero hay que hacer una salvedad entre ocupación irregular e intrusión: la usurpación es un delito y con mi experiencia les digo que es relevante y de suma importancia el accionar judicial rápido, porque si un proceso de esta naturaleza se consolida se transforma en un problema de ocupación irregular y la metodología de abordaje es otra, más aún cuando se instalan varias familias”.
“Cuando se produce la intrusión hormiga o de una familia está enmarcado en una necesidad pero cuando se trata de varias familias en un predio es evidente que hay una organización para que eso se dé. Es un problema social, con una complejidad histórico cultural, aristas con lo jurídico legal, con lo ambiental y lo económico y requiere un abordaje desde distintas aristas” e insistió en que la intrusión “es un delito y como tal debe actuarse, es vital que la justicia intervenga inmediatamente”.
Recordó que en una oportunidad tuvo que intervenir como funcionario “en un caso en el Valle La Alegría en Pozo Azul, porque la gente se metió en el predio y el accionar policial fue rápido pero la justicia se tomó todo el tiempo del mundo para tomar intervención y la gente avanzó sobre el recurso, porque las tierras que se intrusan son las que tienen un componente de bosque nativo o en el que se da un cambio de uso o tala rasa, que facilita el proceso. La Policía resolvió muchos problemas de este tipo en mesas de diálogo, pero tenemos que evitar llegar a esta situación y garantizar el derecho a la propiedad”.
El presidente de APICOFOM, Guillermo Fachinello, propuso por su parte “dotar de herramientas a las fuerzas de seguridad, tenemos muchos socios en la costa del rio Uruguay y una gran problemática con los tabacaleros, y como tienen un índice demográfico tan grande te invaden una chacra y al poco tiempo son 5 o 6 familias y necesitan más tierras. Nosotros con apoyo de las fuerzas de seguridad logramos sacar 30 familias pero quedaron al borde y de a poco se van metiendo, y la fuerza no tiene elementos jurídicos para actuar y los jugados tienen otras prioridades. Esto es muy engorroso, hay que dotar de elementos para que la Policía pueda actuar preventivamente y dejar constancia de la intrusión”.
Además, el empresario propuso “trabajar con las tabacaleras, los intrusos enseguida empiezan a plantar tabaco, en San Pedro, Irigoyen y Santa Rosa lo vemos, la gente entraba y plantaba tabaco, y deberíamos hablar con ellos para que a futuro no se les de insumos”, y advirtió además que “también hay una disputa política de parte de algunos diputados. Nosotros conocemos el problema pero la población en general no conoce, que las tabacaleros pidan certificar propiedades, deberían colaborar las cooperativas tabacaleras”.
Tras una consulta de Juan Gauto acerca de cuáles son las zonas de mayor riesgo, Daniel Durán aportó que “la zona de Pozo Azul, sobre la ruta 17, es muy complicada, la gente se mete en los montes nativos, sin caminos pero se meten y hacen rozados, yo no podía entrar pero ellos se meten, y la gente de los alrededores no se quiere meter porque son amenazados por los invasores. Creo que tiene que haber una fuerza de choque para actuar de inmediato, Meili hizo presentaciones judiciales y la justicia no se expide, no podés hacer nada, y después le prohibieron acercarse a su predio, la gente de Pindó tiene problemas con aborígenes en la zona de Delicia, se metieron en la zona de bosques nativos y muy cerca de las plantaciones, firman acuerdos que después desconocen, así es tierra de nadie y mucha gente está pensando en armarse porque la justicia no responde, la única solución parece armarse en defensa propia pero no es lo que queremos”.
Hernán Patzer –de la empresa ARAUCO- sostuvo que “lo que necesitamos es una efectiva intervención de la Policía en situaciones de tentativa de usurpación, que la Justicia permita la intervención de las Fuerzas de Seguridad en esas situaciones y actúen liberando el terreno de la ocupación”.
Jaime Ledesma aportó además que “con las tabacaleras hablamos y creo que no pueden entregar materiales sin certificar propiedad”, y reiteró la necesidad de “contar con un protocolo de intervención en el marco de la legalidad, tiene que intervenir la justicia y debe actuar rápidamente porque las primeras 72 horas en estos procesos son esenciales para evitar que esto llegue a una cuestión mayor. Es un tema recurrente, hay que poner en valor el accionar policial con un marco jurídico, por eso se pide desde hace años trabajar en un protocolo y avanzar respaldando el accionar de las fuerzas de seguridad, porque además la ocupación irregular que se consolida implica otras cuestiones. El protocolo debería verificar la documentación e intervenir rápidamente, es clave delimitar rápido la intrusión, cerrar accesos, registrar las personas que intrusan, cruzar información con organismos que puedan aportar información para saber de quienes se trata y desalojar el inmueble, porque no es que cualquiera se puede meter, la ley atiende casos puntuales con una serie de requisitos, y en estos casos los cabeza de playa son los primeros que se van y se dedican a la venta de esas tierras. Hay muchos antecedentes, la operatoria es la misma y tiene un proceso de inducción. En Pozo Azul el problema data de los años año 90 y terminó con la Ley de Arraigo y Colonización que le costó al Estado provincial mucho dinero, y esa situación que se fue consolidando dio pie a la creación luego de un municipio”.
Recomendó además que la justicia “debe caer también sobre quienes inducen a la intrusión, sabemos que hay necesidades y hay resolverlas, pero la acción judicial también tienen que actuar sobre quienes promueven intrusiones. Recuerdo un caso en el Valle de la Alegría de la empresa Colonizadora Misionera, la gente se metió, el encargado hizo denuncia, actuó rápido la policía y el Ministerio pero la justicia no daba las instrucciones y una abogada aconsejaba que la gente se quede ahí, y avanzaba sobre el bosque nativo y construía sus casas. Recibí un video de la zona de Puente Alto donde un grupo de personas cuestionaba al encargado del lugar y le decían que no los podían sacar porque estaba vigente una ley que impedía los desalojos, pero en esto se desconoce el texto, la ley no prohíbe eso, y por eso es necesario el protocolo para cada actor institucional con intervención, para evitar arbitrariedades.
Juan Gauto añadió además que la provincia tiene una política muy activa sobre los valores de la tierra y del bosque, anoche se sancionó la creación de la secretaría de Estado de Cambio Climático, que tiene que ver con el cómo gestionamos nuestros recursos naturales y eso tiene que ver con la cuestión de la conservación, gestión y tenencia de tierras. El ministro de Ecología y RNR, Mario Vialey, declaró que una cuestión es regularizar la situación de tenencia en los casos no controversiales pero validar ocupaciones es otra cosa. Para objetivos de desarrollo hay que formalizar la actividad, la competitividad y ver cómo generamos más economía para generar más riqueza. El problema está presente y hay que abordarlo y encontrarle soluciones.
Más adelante, Daniel Duran volvió a afirmar que “no podemos estar yendo a un juzgado para que la Policía pueda actuar, la justicia tiene otros problemas, no les interesa la intrusión que pasa en lugares alejados y la verdad es que ya vimos cómo piensan los jueces. Hay que habilitar la actuación de oficio de parte de la Policía, y no podemos desconocer que Martín Sereno –diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS) está atrás de muchas intrusiones, muchas veces directamente presente, no entiendo qué podemos hacer frente a eso. Hay un diputado provincial que está detrás de las intrusiones, y qué tenemos que hacer con eso. Otro tema es que la ley que establece que hay que dejar una franja de 25 metros de bosque nativo sobre las rutas provinciales y nacionales con el objetivo de que el turista pueda ver el paisaje, pero resulta que en realidad es una zona espectacular para intrusar y plantar de todo, mandioca, maíz, etc., y creo que esa ley no funciona ni va a funcionar, por eso yo aconsejo derogar esa ley y no dejar la franja porque es el primer lugar a intrusar”.
Gabriel Marangoni –representante del Aglomerado Productivo Forestal (APF)- relató que “cuando vine a Misiones en el año 1983, en la ruta 17 había que andar en auto con cuidado porque te podías golpear con las ramas del bosque nativo, pero hoy todo está intrusado por brasileros, punteros políticos y religiosos que juntan clientes para tener su diezmo. Hay una trama detrás de todo esto, las causas, y si no atacamos las causas vamos a seguir debatiendo mucho tiempo, porque es un problema social, hay gente que necesita y ocupa, pero luego vende las mejoras y se van a otro lugar. Por eso creo que hay que armar una red de entramado y hablar con el gobernador para explicar la situación, pero realmente creo que la policía no puede hacer mucho porque dependen del juzgado. Por eso, hay que atacar el tema con decisión política para evitar intrusiones”.
Tras ese aporte, Duran contó que “conozco otro caso en la zona de Aguara-í miní, muchas familias instaladas bajo la línea de luz y dentro de la plantación, y como no podía sacarlas les hice un comodato gratuito para que no avancen más, y eran todos paraguayos con documentos argentinos nuevos, y en la ruta 14 pasa lo mismo con los brasileros con documentos argentinos. No podemos regalar nuestros recursos extranjeros, vienen a invadir y hacer negocios, les venden las casas a otros”.
Fachinello aportó que “con el IPRODHA hacíamos viviendas y luego los brasileros vendían y volvían a intrusar. Tenemos Unidades Regionales, la Policía, los intendentes y los concejales y todos saben de quienes son las propiedades, pero cuando te están intrusando tenés que ir vos para ver cómo el juez puede actuar. Se debería actuar con más lógica, hay que actuar rápido porque si no te ganan en el tiempo, hay que buscar una forma de actuar, en Misiones nos conocemos todos y de los brasileros seguro que no son, en Brasil no te metes, te sacan a balazos, hay que dotar de instrumentos y usar la lógica”.
Gauto insistió luego en conocer si se da la proactividad propietaria sobre la tenencia de la tierra, cuestión sobre la cual Daniel Durán afirmó que “hay diferentes tipos de propietarios pero las forestaciones no requieren estar encima y permanente, pasa el tiempo, vas una vez por mes, pero hay muchos inversionistas que no son de Misiones, que no están controlando, y ahí están los problemas más grandes, pero reitero el caso, vimos que a la mañana sacaron unos intrusos y a la noche estaban metiéndose de vuelta, que hay que hacer, vivir en las plantaciones”, se preguntó. Pidió además que los trámites para cambio de uso de suelo sean más rápidos porque “plantando es una forma de evitar la intrusión pero como no aprueban el plan de rozado no pueden cultivar y así es imposible”.
Gauto manifestó por su parte que “hace falta la intervención de otros organismos, como el ministerio de Ecología, y somos muchos organismos en territorio, y si se protocoliza permitiendo ver y mirar situaciones, como Vialidad Provincial o los inspectores forestales, podrían aportar información, pero el bosque nativo no puede ser víctima de esto, que es vista por esta gente como tierra libre para ocupar, pero eso es mucho riesgo porque tiene mucho valor y aporte al medioambiente. Se necesita acción para ayudarnos entre todos”.
Finalmente, Carlos Merlo –subjefe de la Policía de la provincia de Misiones- señaló que “hace 26 años que estoy en la fuerza, antes no se escuchaban las usurpaciones opero hace 10 a 15 años la problemática se incrementó, trabajé en la zona norte de Misiones, Puerto Iguazú y Eldorado, no tanto en San Pedro e Irigoyen, pero hice procedimientos y creo que es importante la denuncia temprana de la usurpación, para calificarlo como delito en proceso y actuando en consecuencia, con el aval del Juzgado de Instrucción al cual debemos dar los detalles del delito”.
“Desde la Unidad Regional siempre aconsejamos a los propietarios de grandes extensiones la colocación de carteles en lugares visibles y altos para que (los intrusos) no saquen, cercar terrenos y tomar fotografía porque al ingresar sacan el perímetro, el alambre, pero ante todo esto, si tenemos fotos nos ayuda con la denuncia. También pedimos que tengan a mano la documentación que acredite la propiedad para armar rápidamente los expedientes”.
“Nos vendría bien contar un protocolo para saber cómo actuar, para llevar adelante la detención temprana de la ocupación y poder parar a tiempo la construcción de las casas porque después es más difícil sacarlos”.
Tras la sugerencia de Juan Gauto en cuanto a trabajar en la idea de un protocolo, e invitar al subsecretario de Seguridad para establecer un mismo modo de acción, y capacitar a la gente en función de eso, para saber cómo actuar”, Daniel Durán preguntó cuáles son los pasos a seguir ante un principio de intrusión. “¿Podré contar con una actuación de oficio de parte de la Policía?”, consultó, ante lo cual el subjefe de la Policía volvió a subrayar la necesidad de contar con un protocolo, para evitar que los intrusos aprovechen una mala actuación para sacar rédito. Pero si es temprana la ocupación, podemos actuar frente a un hecho flagrante”.
Marcelo huachol –del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Misiones- agregó en el tramo final del encuentro que “en el Soberbio una propiedad privada hizo los papeles para establecer un parque provincial privado y a los 5 años le desmontaron el 35 % de la superficie, y fue un problema, se hicieron denuncias y se realizaron encuentros entre propietarios y usurpadores casi todos brasileros pero había muchas cuestiones con políticos”, y subrayó que “si bien en diciembre se prohibieron los desalojos forzosos pero hay otro proyecto de Ley para analizar los desalojos que está en la Legislatura pero no avanza. Es cierto que es problema para los privados pero también para lo público ya que se intrusan tierras en parques nacionales y provinciales, que es también un problema”.
Finalmente, y vía chat, Jorge Pujato (de AFOME) explicó que “el problema lo tenés dentro del Gobierno y coincido con Jaime: debe haber un protocolo para que la policía actúe de inmediato. Debemos terminar con el verso de los pueblos originarios, los Mbyas no son pueblo originario de Misiones, son paraguayos, y hay un gran problema con los escribanos que certifican boletos de compra y venta sin que el vendedor presente documento algunos que certifique su propiedad, urge cortar esa cadena ilegal”, aseguró.
Participantes
Ing. Juan Gauto (Subsecretaría de Desarrollo Forestal)
Ministerio del Agro
Carlos Merlo (Subjefe de la Policía de Misiones)
Jorge Pujato (Asociación Forestal Mesopotámica AFOME)
Gabriel Marangoni (Aglomerado Productivo Forestal APF)
Jaime Ledesma (Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones COIFORM)
Hernán Patzer (Arauco)
Marcelo Huachol (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones CIAM)
Miguel López (RITIM)