(Fuente: MisionesOpina) El Ministerio de Ecología de Misiones dio marcha atrás con una de las medidas más controvertidas de los últimos meses. A través de la Resolución Nº 248/26, firmada este 17 de julio, el ministro Martín Recamán dejó sin efecto la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), que había sido establecido mediante la Resolución 182/26.
La decisión llega apenas horas después de que prácticamente todo el arco empresario, forestal y agropecuario de Misiones rechazara públicamente la iniciativa y cuestionara su constitucionalidad, anticipando incluso la posibilidad de llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el texto de la nueva resolución, el Ministerio sostiene que la Administración «ha reevaluado la medida adoptada originalmente» por razones de «oportunidad, mérito y conveniencia», y en consecuencia dispone dejar sin efecto la resolución que había creado el registro.
La norma no hace referencia a las impugnaciones presentadas por las entidades productivas ni reconoce expresamente los cuestionamientos jurídicos formulados, aunque la marcha atrás se produce en medio del creciente conflicto institucional que había generado la iniciativa.
Una fuerte reacción del sector privado
El RePIA había despertado un rechazo prácticamente unánime entre las principales organizaciones vinculadas a la producción.
La Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) presentó una impugnación administrativa contra la resolución y sostuvo que el registro era inconstitucional por tres razones centrales.
En primer lugar, cuestionó que permitiera incorporar personas o empresas únicamente por tener un expediente administrativo abierto, sin una resolución firme que acreditara una infracción, lo que —según la entidad— vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso.
Además, advirtió que la resolución habilitaba la registración por incumplimientos de «normas complementarias», una redacción considerada demasiado amplia y generadora de inseguridad jurídica.
El planteo más delicado apuntó directamente a la competencia del ministro. Para AMAYADAP, el artículo 122 de la Constitución de Misiones no autoriza a un ministro a crear, mediante una simple resolución administrativa, un registro con efectos jurídicos sobre particulares y empresas.
Ese planteo fue respaldado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM), la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados, que coincidieron en señalar que la medida afectaba la competitividad y profundizaba la incertidumbre para el sector productivo.
Un conflicto que trascendía el registro
Aunque el RePIA fue el detonante, las entidades aprovecharon la discusión para expresar un malestar más amplio con distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología.
Entre los reclamos figuraban las demoras para obtener permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato, el programa REDD+ y la falta de participación de las organizaciones productivas en la elaboración de normas que impactan sobre la actividad económica.
La resolución firmada este viernes desactiva, al menos por ahora, el conflicto específico en torno al Registro Provincial de Infractores Ambientales y evita que la controversia continúe escalando en el plano judicial.
Sin embargo, la decisión también deja expuesto el peso que alcanzó la reacción conjunta del sector empresario y agropecuario, que logró que el Ministerio revocara una medida apenas días después de haber sido implementada.
Ahora resta saber si la derogación del RePIA abre una instancia de diálogo entre el Gobierno y las entidades productivas o si las diferencias sobre la política ambiental de la provincia continuarán manifestándose en otros frentes.
Fuente: MisionesOpina